La Cancillería estudia cómo posicionarse frente al planteo de Estados Unidos para poner fin al Comité de Descolonización. En paralelo, el oficialismo no logró un acuerdo en Diputados para avanzar con la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.
El Gobierno nacional reconoció que está bajo análisis la posición que adoptará la Argentina ante el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas, luego de que Estados Unidos cuestionara la continuidad del organismo. La definición abre interrogantes sobre la estrategia diplomática argentina en uno de los ámbitos internacionales donde sostiene su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.
El vocero presidencial, Adrián Ravier, confirmó que la Cancillería está estudiando los pasos a seguir. Consultado sobre la postura que tomará el país, señaló que la decisión todavía no está definida y que será abordada por el canciller Pablo Quirno.
El planteo estadounidense se produjo durante el debate de la Cuarta Comisión de la Asamblea General de la ONU. La administración de Donald Trump cuestionó la continuidad del Comité al considerar que algunas de sus actividades representan un gasto innecesario de recursos.
Creado en 1961, el Comité Especial de Descolonización, conocido como C-24, examina la situación de territorios pendientes de descolonización. Entre ellos se encuentran las Islas Malvinas, cuya disputa de soberanía enfrenta a la Argentina y el Reino Unido.
El organismo constituye uno de los espacios multilaterales en los que el país reclama que Londres retome las negociaciones bilaterales para encontrar una solución pacífica a la controversia. Una eventual modificación de su funcionamiento tendría implicancias para ese escenario diplomático, aunque por ahora no existe una decisión definitiva sobre la posición argentina.
Un debate legislativo sin acuerdo
La discusión internacional coincidió con una jornada sin acuerdo en el plenario de las comisiones de Defensa, Relaciones Exteriores y Legislación Penal de la Cámara de Diputados, donde se debatía la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.
La iniciativa enviada por el Gobierno busca establecer sanciones para empresas que exploten recursos naturales en las Islas Malvinas sin autorización argentina. Durante su conferencia de prensa, Ravier no descartó que el proyecto pueda sufrir modificaciones en el Congreso, aunque aclaró que no podía anticipar cambios concretos.
El funcionario también evitó confirmar si existieron pedidos formales de empresas o funcionarios estadounidenses para modificar el alcance de la propuesta.
Los dos frentes plantean desafíos para la política exterior del Gobierno de Javier Milei: definir cómo responder al cuestionamiento de Washington al Comité de Descolonización y, al mismo tiempo, avanzar en las herramientas legislativas vinculadas con la defensa de los recursos argentinos en el Atlántico Sur.
Para Tierra del Fuego, provincia que comprende a las Islas Malvinas, la Antártida y las islas del Atlántico Sur, el desarrollo de esta discusión tiene especial relevancia. La cuestión de fondo sigue siendo cómo sostener el reclamo de soberanía y fortalecer una estrategia diplomática capaz de traducir ese objetivo histórico en avances concretos.
Fuente: Infobae.
