La iniciativa obtuvo respaldo mayoritario en un plenario de comisiones y quedó en condiciones de ser debatida en la próxima sesión de la Cámara alta. El proyecto busca reemplazar el régimen de emergencia por un sistema permanente de prestaciones, financiamiento y controles. Entre sus principales puntos contempla la continuidad de las pensiones no contributivas, su compatibilidad con el empleo formal y la regularización de las deudas con prestadores.

El proyecto de Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad avanzó este miércoles en el Senado de la Nación, donde obtuvo dictamen favorable en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano. La iniciativa, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, quedó habilitada para su tratamiento en el recinto, con vistas a una posible votación el próximo 19 de noviembre.

El debate se desarrolla ante el vencimiento, el 31 de diciembre, de la emergencia nacional en discapacidad establecida por la Ley 27.793. El nuevo proyecto propone sustituir ese esquema transitorio por un marco de funcionamiento permanente para el sistema de prestaciones.

Entre sus principales disposiciones, establece la continuidad de las pensiones no contributivas por discapacidad, equivalentes al 70% del haber mínimo jubilatorio, y mantiene su compatibilidad con el empleo registrado o la inscripción en regímenes tributarios, siempre que los ingresos de la persona beneficiaria no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles.

También contempla el acceso a las prestaciones básicas de salud previstas en la Ley 24.901 a través del Programa Incluir Salud, la continuidad de un nomenclador universal y un arancel unificado para los servicios destinados a las personas con discapacidad.

En materia de financiamiento, el texto establece partidas presupuestarias específicas y prevé compensaciones del Tesoro Nacional cuando los recursos asignados resulten insuficientes. Asimismo, incorpora mecanismos de actualización para evitar que los ingresos destinados a las prestaciones pierdan poder adquisitivo.

CONTROLES Y DEUDAS CON PRESTADORES

La iniciativa incorpora auditorías periódicas a cargo de la Secretaría Nacional de Discapacidad, mediante el cruce de información con organismos como ANSES, ARCA, Renaper y SINTyS. Ante posibles incumplimientos, se prevén mecanismos de suspensión preventiva, con notificación y garantías para ejercer el derecho de defensa.

Otro punto relevante es la regularización de las deudas con prestadores. Si al momento de entrar en vigencia la ley existen obligaciones pendientes, el Poder Ejecutivo deberá publicar un cronograma de pagos dentro de los 30 días y completar las cancelaciones en un plazo de 90 días.

UN DEBATE CON DIFERENCIAS

La discusión en el Senado también expuso cuestionamientos sobre el alcance de la propuesta. La senadora cordobesa Alejandra Vigo reclamó modificaciones vinculadas al financiamiento, los valores del nomenclador y la compatibilidad de las prestaciones. Otros legisladores plantearon la necesidad de garantizar recursos suficientes para sostener el sistema.

El proyecto obtuvo 237 votos afirmativos, nueve negativos y cuatro abstenciones en Diputados. En el Senado, el dictamen reunió un respaldo mayoritario, aunque con diferencias entre los bloques sobre distintos aspectos de su implementación.

La definición final quedará ahora en manos del pleno de la Cámara alta. Hasta entonces, las disposiciones del proyecto no tienen carácter de ley ni modifican por sí mismas el régimen vigente.