Alberto Biglieri encabeza la Lista 3 para las elecciones del 20 de octubre. Con una propuesta federal, plantea acercar al Consejo de la Magistratura la realidad del ejercicio profesional y el funcionamiento de la Justicia en las distintas regiones del país.

La elección de representantes de la abogacía para el Consejo de la Magistratura de la Nación vuelve a poner sobre la mesa una discusión que excede los nombres y las listas: quiénes participan de la construcción del sistema judicial, cómo se seleccionan los magistrados y cuánto pesa la mirada del interior en esas decisiones.

Alberto Biglieri encabeza la Lista 3, Unidad en Defensa de la Abogacía, que competirá el 20 de octubre por las cuatro bancas correspondientes al estamento de los abogados para el período 2026-2030. La elección se realizará en todo el país y podrán participar los abogados con matrícula federal habilitados.

Biglieri llega a esta elección con experiencia institucional. Entre 2019 y 2023 integró el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y desarrolla actividad académica vinculada principalmente con el Derecho Administrativo, el Derecho de la Integración y los servicios públicos.

El vínculo de Biglieri con los colegios de abogados del interior antecede a su candidatura. Desde hace años recorre distintas provincias y mantiene contacto con profesionales e instituciones de la abogacía, una experiencia que hoy busca trasladar al Consejo de la Magistratura.

“Estamos recorriendo los colegios de abogados porque nos parece que lo más importante es ese nexo directo con los colegios, que conocen la temperatura y el clima de cada lugar, que saben cómo anda o no anda la Justicia Federal en el interior del país”, sostuvo durante su paso por Comodoro Rivadavia.

El planteo abre una discusión que excede esta elección.

La Justicia Federal no se experimenta de la misma manera en todo el país. Las distancias, la distribución territorial de los organismos y las particularidades de cada región forman parte de una realidad que difícilmente pueda observarse solamente desde Buenos Aires.

Por eso, cuando se habla de una propuesta federal, la pregunta no debería reducirse a cuántas provincias aparecen representadas en una lista. También importa cuánto de esas realidades logra incorporarse después a las decisiones institucionales. La Lista 3 plantea que sus representantes funcionen como un puente entre la abogacía de todo el país y el Consejo, llevando allí los problemas que aparecen en el ejercicio cotidiano de la profesión.

“Queremos que en el Consejo haya abogados que defiendan a los abogados. Que conozcan lo que significa ejercer todos los días y puedan llevar esa realidad a las decisiones que allí se toman”, planteó Biglieri.

Unidad en Defensa de la Abogacía se presenta con una integración federal y con el compromiso de representar a la profesión con independencia de intereses partidarios. La propuesta cuenta además con el respaldo de Ricardo Gil Lavedra, expresidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal y uno de los referentes que impulsó la conformación del espacio.

La plataforma propone, entre otros puntos, revisar los mecanismos de selección de magistrados, fortalecer el mérito y la idoneidad, reducir la discrecionalidad en los concursos, avanzar en mecanismos de rendición de cuentas y modernizar la gestión judicial. También incorpora nuevas tecnologías e inteligencia artificial bajo criterios de transparencia y supervisión humana.

Biglieri viene además desarrollando actividades académicas sobre inteligencia artificial y Derecho Administrativo. En febrero de 2026 participó en Neuquén de una conferencia sobre IA aplicada a los dictámenes, donde se abordaron tanto sus potencialidades como los desafíos éticos y técnicos.

Dos debates aparentemente diferentes empiezan así a encontrarse: cómo acercar la Justicia a los ciudadanos y cómo incorporar tecnología sin perder responsabilidad, control y criterio profesional.

Para una provincia como Tierra del Fuego, donde la distancia geográfica forma parte de la vida cotidiana, la discusión tiene una dimensión concreta.

La pregunta, entonces, es sencilla pero profunda: ¿puede existir una Justicia verdaderamente federal si las particularidades de quienes viven lejos de los grandes centros de decisión no forman parte de las decisiones que organizan el sistema?

La elección del 20 de octubre será una instancia institucional de la abogacía. Pero el debate que la rodea es más amplio: qué Justicia se quiere construir, para quién y desde dónde se toman las decisiones que terminan definiendo su funcionamiento.