La medida dispuesta por el Gobierno nacional en enero de 2026 modificó el esquema de gestión de la infraestructura portuaria fueguina. Desde entonces, hubo presentaciones judiciales, cuestionamientos de la Provincia, controversias operativas y diferencias sobre las facultades de fiscalización ambiental. Un recorrido por los principales acontecimientos hasta septiembre.
El Puerto de Ushuaia atraviesa desde enero de 2026 un proceso de intervención administrativa dispuesto por el Gobierno nacional. La decisión, formalizada mediante la Resolución 4/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), modificó el esquema de gestión de la infraestructura portuaria y abrió una controversia institucional entre el Estado nacional y el Gobierno de Tierra del Fuego.
La medida fue establecida por doce meses, con posibilidad de prórroga mediante un acto fundado. Durante los primeros ocho meses, el conflicto atravesó instancias administrativas, judiciales y operativas, mientras la terminal continuó desarrollando sus actividades comerciales, turísticas y logísticas.
Para comprender cómo se llegó a esta situación es necesario reconstruir los antecedentes y las decisiones que marcaron el proceso.
Los antecedentes: cuestionamientos financieros y relevamientos técnicos
Uno de los antecedentes considerados en la resolución nacional fue la Ley provincial 1596, sancionada el 1 de julio de 2025 y promulgada el 22 de julio de ese año, que estableció un fondo específico para atender obligaciones de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), utilizando el superávit financiero del Puerto de Ushuaia correspondiente a los ejercicios 2024 y 2025.
La norma generó presentaciones de representantes del sector portuario ante las autoridades nacionales, quienes advirtieron sobre sus posibles consecuencias para la autonomía financiera y la capacidad de inversión de la Dirección Provincial de Puertos.
En paralelo, durante los días 30 de septiembre y 1 de octubre de 2025, se realizó un relevamiento técnico de las instalaciones portuarias. Los informes incorporaron observaciones sobre el estado de las defensas del muelle, el tablestacado, los pilotes, la carpeta de rodamiento y los sistemas de protección contra incendios.
La Dirección Provincial de Puertos presentó documentación y descargos durante noviembre de ese año, en los que expuso su posición respecto de las observaciones realizadas.
Estos antecedentes quedaron incorporados al expediente administrativo que precedió a la decisión nacional.
Enero: la resolución que dispuso la intervención
El 20 de enero de 2026, el director ejecutivo de la ANPyN firmó la Resolución 4/2026, publicada dos días después en el Boletín Oficial.
La norma dispuso la suspensión de la habilitación del Puerto de Ushuaia por doce meses, prorrogables, y estableció una intervención administrativa en materia de infraestructura portuaria por el mismo período.
La intervención comprendió la gestión operativa, técnica y administrativa de la infraestructura de explotación, maquinaria, equipamientos e instalaciones vinculadas con la operación portuaria dentro de la jurisdicción delimitada por la resolución.
La norma también estableció que la unidad ejecutora debía garantizar la continuidad de los servicios mínimos, la seguridad portuaria y el cumplimiento de las disposiciones vigentes.
Sin embargo, la ejecución de la suspensión de la habilitación quedó inicialmente diferida para evitar interrupciones en el funcionamiento de la terminal, teniendo en cuenta su importancia para el abastecimiento regional, las operaciones antárticas y la temporada de cruceros 2025-2026.
La Gerencia de Coordinación Técnica de la ANPyN quedó establecida como unidad ejecutora de la intervención, con facultades para requerir asistencia de otros organismos nacionales.
Febrero: la controversia llega a la Justicia
El Gobierno provincial cuestionó la decisión nacional y promovió una acción declarativa de inconstitucionalidad para discutir la legalidad de la intervención y el alcance de las competencias sobre la administración portuaria.
El 29 de enero, el Juzgado Federal de Ushuaia rechazó el pedido de habilitación de feria judicial para tratar de manera urgente la medida cautelar solicitada por la Provincia.
Posteriormente, el 10 de febrero, el juzgado se declaró incompetente para resolver el planteo de fondo y consideró que correspondía la intervención originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por tratarse de una controversia entre una provincia y el Estado nacional.
La decisión no resolvió la constitucionalidad de la intervención ni determinó quién tenía razón en la disputa. Se limitó a establecer qué tribunal debía entender en el expediente.
El 11 de febrero, el Gobierno fueguino comunicó que profundizaría la vía judicial para cuestionar la medida.
Marzo: el conflicto sobre las atribuciones provinciales
Durante marzo, la Dirección Provincial de Puertos volvió a cuestionar el alcance de la intervención y sus consecuencias sobre las facultades que la Provincia consideraba propias.
Su presidente, Roberto Murcia, sostuvo que la medida afectaba las competencias provinciales sobre la administración de la terminal y planteó objeciones respecto del manejo de los recursos y la continuidad de las funciones de la autoridad portuaria fueguina.
La discusión dejó en evidencia que el conflicto no se limitaba a la ejecución de una medida administrativa, sino que involucraba la interpretación del régimen de transferencia portuaria y los alcances de las atribuciones nacionales y provinciales.
Junio y julio: la disputa judicial continúa
Durante los meses siguientes, la controversia continuó en el ámbito judicial mediante distintos planteos vinculados con la legalidad de la intervención y las medidas cautelares solicitadas por la Provincia.
Hacia fines de julio, medios especializados informaron sobre el rechazo de una de las medidas cautelares y la continuidad de la controversia en instancias judiciales superiores.
De esta manera, al cumplirse seis meses de la medida, todavía no existía una resolución definitiva sobre el fondo del conflicto institucional.
Agosto: el puerto y la dimensión internacional
En agosto, el ingreso del buque petrolero VS Promise, registrado bajo bandera del Reino Unido, generó repercusiones en el ámbito provincial y volvió a colocar al puerto en el centro de la agenda pública.
El episodio fue mencionado por las autoridades fueguinas en el marco de sus cuestionamientos a las decisiones adoptadas por la administración nacional de la terminal.
Su aparición en la cronología permite identificar cómo, durante el desarrollo de la intervención, también surgieron discusiones vinculadas con la actividad marítima y la dimensión internacional del puerto.
Septiembre: comienza la temporada de cruceros y surge una controversia ambiental
El 14 de septiembre comenzó la temporada de cruceros 2026-2027 con la llegada del buque Ventus Australis, de bandera chilena y capacidad para 210 pasajeros.
La ANPyN informó que el nuevo ciclo tenía más de 590 recaladas de buques de pasajeros confirmadas, una proyección que representaba cerca de cien operaciones adicionales respecto de la temporada anterior.
El inicio de la actividad se produjo mientras continuaba el proceso de intervención y la reorganización de las tareas vinculadas con el funcionamiento de la terminal.
Sin embargo, durante ese mismo mes surgió una nueva controversia entre las administraciones nacional y provincial.
El 24 de septiembre, el Gobierno de Tierra del Fuego informó que equipos técnicos del Ministerio de Producción y Ambiente habían intentado ingresar en tres oportunidades al área portuaria para realizar controles ambientales, sin obtener autorización de la autoridad nacional a cargo de la intervención.
La secretaria Legal del Ministerio, Lisi Cristófano, explicó que las inspecciones tenían como objetivos tramitar la certificación ambiental del puerto, controlar la gestión y trazabilidad de los residuos peligrosos provenientes de los buques y fiscalizar los recursos hídricos.
Desde la Provincia sostuvieron que se trataba de tareas habituales de fiscalización ambiental comprendidas dentro de sus competencias. También informaron que habían solicitado formalmente a la autoridad nacional que fundamentara los motivos por los cuales impedía el ingreso de los inspectores.
El episodio incorporó una nueva dimensión al conflicto: el alcance de las facultades provinciales de control ambiental dentro de una infraestructura sometida a intervención nacional.
Septiembre: un proceso todavía en desarrollo
Al cierre de septiembre de 2026, el Puerto de Ushuaia llevaba más de ocho meses bajo intervención administrativa nacional.
Durante ese período se sucedieron cuestionamientos sobre los fundamentos de la medida, presentaciones judiciales y diferencias entre las autoridades nacionales y provinciales sobre las competencias de gestión, operación y fiscalización.
La terminal continuó desarrollando sus actividades comerciales, turísticas, pesqueras y logísticas, mientras comenzaba una nueva temporada de cruceros con más de 590 recaladas previstas.
La intervención, dispuesta originalmente por doce meses, tenía previsto su vencimiento en enero de 2027, con posibilidad de prórroga mediante un acto fundado.
Hasta septiembre, la controversia institucional y judicial seguía abierta y el proceso de reorganización de la infraestructura portuaria continuaba en desarrollo.
